Respecto al petróleo, en noviembre de 1941 se celebró un convenio. Precisamente cuando para Estados Unidos era inminente el conflicto de Japón. Mediante ese convenio el gobierno estadounidense retiraba su apoyo a las empresas petroleras que se obstinaban en reclamar una suma exorbitante de 450 millones de dólares como indemnización, que comprendía solo los bienes de la superficie y no la reserva petrolera, con lo cual el gobierno del país vecino aceptaba tácitamente que “todo el petróleo del subsuelo mexicano pertenecía a la nación”. Se establecía el pago global de las reclamaciones por daños a propiedades de ciudadanos estadounidenses en 40 millones de dólares, suma en la que se incluían todas las demandas por los daños causados durante la Revolución, y por las expropiaciones agrarias; se excluían tres millones de dólares que ya habían sido pagados por México y se estipulaba que el resto se liquidaría en varios plazos. En ese mismo acuerdo se concretó una adquisición anual de plata mexicana por 25 millones de dólares, un crédito de 40 millones de dólares para dedicarlo a estabilizar el peso, y la apertura de crédito con el Eximbank por 30 millones de dólares que se destinarían a la construcción de carreteras.
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